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La «soberanía digital»: ¿qué significa y por qué es clave?

La soberanía digital es la capacidad de un Estado, una organización o una comunidad para controlar, proteger y decidir sobre sus datos, infraestructura, tecnologías y normas digitales. No se limita a la propiedad física de servidores; incluye marcos legales, decisiones sobre proveedores y estándares técnicos que aseguren autonomía, seguridad y alineación con valores sociales y políticos. Es una noción multidimensional que busca reducir dependencias estratégicas, proteger derechos y garantizar resiliencia frente a amenazas externas.

Pilares esenciales de la soberanía digital

  • Datos: qué organismo los recopila, en qué lugar se conservan, quién puede consultarlos y con qué propósitos se utilizan. Incluye decisiones sobre su localización, métodos de anonimización y la gestión que rige dicha información.
  • Infraestructura: centros de procesamiento, redes —entre ellas los cables submarinos—, servicios en la nube, nodos de intercambio de internet y equipos orientados a telecomunicaciones.
  • Tecnología y capacidades: diseño y producción de semiconductores, dispositivos fundamentales, software estratégico, así como algoritmos y modelos asociados a la inteligencia artificial.
  • Reglas y derecho: marcos de protección de datos, acciones de ciberseguridad, regulación de plataformas, compras públicas y pautas que aseguran la interoperabilidad.
  • Economía digital: redes de negocios locales, proveedores del país, circuitos de suministro y el margen de innovación existente.
  • Cultura y habilidades: formación de profesionales, alfabetización digital y una mayor conciencia social sobre privacidad y seguridad.

Razones por las que la soberanía digital cobra cada vez mayor relevancia

  • Geopolítica y competencia estratégica: la tecnología ha pasado a ser un factor central de poder, y los Estados buscan garantizar su autonomía ante sanciones, presiones coercitivas o eventuales prácticas de espionaje.
  • Revelaciones y pérdida de confianza: múltiples filtraciones relacionadas con vigilancia y accesos extraterritoriales impulsaron un mayor interés por fortalecer la gestión de datos y servicios.
  • Ciberataques y resiliencia operativa: el aumento constante de incidentes —ransomware, intrusiones en cadenas de suministro y ataques contra infraestructuras— refuerza la urgencia de reducir dependencias y prevenir fallos críticos.
  • Concentración de mercado: la amplia dominancia de pocos proveedores globales de nube y plataformas suscita inquietudes respecto a la dependencia tecnológica y económica.
  • Regulación protectora y derechos digitales: las normas de privacidad y las exigencias recientes para los servicios digitales exigen mayor supervisión y precisión normativa.
  • Inteligencia artificial y datos sensibles: el creciente valor estratégico de los datos para entrenar modelos y la aspiración de desarrollar una IA propia estimulan políticas orientadas al resguardo y al control del acceso a la información.
  • Impacto de interrupciones internacionales: las tensiones políticas, las sanciones y los problemas en las cadenas de suministro evidencian la necesidad de disponer de capacidades internas que permitan sostener servicios esenciales.

Contextos y ejemplos relevantes

  • Unión Europea: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) transformó la forma de administrar la información; iniciativas como la regulación de inteligencia artificial y las normas sobre servicios digitales avanzan hacia lineamientos comunes y mecanismos de control más estrictos. El proyecto GAIA‑X, apoyado por Francia y Alemania, busca constituir una red federada de servicios en la nube que sea soberana e interoperable.
  • Rusia: desde mediados de la década pasada se mantienen normas de localización que obligan a conservar los datos personales de ciudadanos rusos en servidores ubicados dentro del territorio nacional.
  • China: el marco legal de ciberseguridad y protección de datos establece reglas severas para el flujo internacional de información y fija responsabilidades para empresas locales y extranjeras.
  • India: ha promovido requisitos sectoriales de localización, en especial en pagos y servicios digitales críticos, mientras continúa el debate sobre una legislación nacional de protección de datos.
  • Brasil: la Ley General de Protección de Datos (LGPD) adoptó principios cercanos a los modelos europeos y estimuló discusiones sobre la soberanía tecnológica en la región.
  • Redes y cables submarinos: más del 95% del tráfico intercontinental de internet viaja por cables submarinos; su protección y gestión se consideran aspectos estratégicos dentro de los debates sobre soberanía de infraestructura.

Beneficios y retos potenciales en la búsqueda de la soberanía digital

  • Beneficios: ofrece una defensa más sólida de los derechos personales, refuerza la capacidad de recuperación frente a fallos, facilita la aplicación de políticas públicas coherentes, reduce la vulnerabilidad ante sanciones y actividades de espionaje, y dinamiza la industria local al generar empleo especializado.
  • Riesgos y costos: puede provocar una mayor dispersión del ecosistema digital, elevar los gastos debido a infraestructuras duplicadas, frenar la innovación cuando se limitan los mercados y fomentar tendencias proteccionistas que dificultan el intercambio de servicios digitales.

Medidas concretas orientadas a fortalecer la soberanía digital

  • Invertir en infraestructura estratégica: abarca la creación de centros de datos, redes con cobertura nacional, nodos de intercambio y despliegues de cableado tanto dentro del país como en regiones vecinas.
  • Apoyar producción de componentes: fomentar el desarrollo local de semiconductores y hardware clave mediante incentivos, alianzas público‑privadas y proyectos de investigación aplicada.
  • Impulsar estándares abiertos e interoperabilidad: impulsar protocolos que permitan trasladar información con facilidad y disminuyan la dependencia de sistemas propietarios.
  • Fortalecer marcos legales: definir regulaciones claras para la protección de datos, la ciberseguridad, el acceso legítimo a la información y los resguardos frente a solicitudes externas.
  • Políticas de contratación pública: priorizar proveedores que cumplan requisitos de seguridad y soberanía sin caer en un proteccionismo excesivo.
  • Formación y retención de talento: crear planes que promuevan la preparación de expertos en ciberseguridad, análisis de datos y diseño de sistemas críticos.
  • Modelos de gobernanza de datos: establecer entidades intermedias —como administradores o fondos de datos— responsables de gestionar el acceso y uso con transparencia y procesos de auditoría adecuados.
  • Cooperación internacional: coordinar pactos multilaterales sobre estándares, interoperabilidad y respuesta a incidentes para reducir la fragmentación del espacio digital.

Indicadores útiles para medir el progreso

  • Proporción de información sensible resguardada dentro del país o en plataformas con certificaciones reconocidas.
  • Cantidad y dimensión de los centros de datos nacionales junto con sus puntos de interconexión.
  • Intervención de compañías nacionales en sectores esenciales como la nube, servicios críticos o producción de componentes.
  • Grado de adherencia a normativas de protección y ciberseguridad, incluyendo auditorías y procesos de certificación.
  • Potencial de investigación y desarrollo en ámbitos tecnológicos estratégicos, considerando patentes e inversión tanto pública como privada.

La búsqueda de una auténtica soberanía digital nace de la convergencia de múltiples factores, entre ellos las tensiones geopolíticas, la concentración del dominio tecnológico, el aumento de las exigencias sociales de privacidad y la necesidad de proteger servicios esenciales en situaciones de crisis. Para avanzar, se requiere equilibrar autonomía y apertura, preservando derechos y solidez institucional sin cerrar mercados ni frenar la innovación. Un camino eficaz combina inversión en infraestructura, marcos regulatorios firmes, estándares abiertos y cooperación internacional; solo mediante esta articulación la soberanía digital puede transformarse en una capacidad tangible —técnica, económica y democrática— capaz de conducir la evolución del ecosistema digital.

Por Alfredo Alvarado